El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra 14 presuntos integrantes de la organización criminal denominada «Los Capibaras», investigada por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. La medida representa un importante avance en la lucha contra la criminalidad organizada en esta zona del país.
La intervención de la Defensa Pública de Víctimas se inició el 27 de enero de 2025, cuando un defensor público de la Dirección Distrital de Ucayali brindó asistencia legal y acompañamiento a los familiares de una adolescente de 17 años, víctima de secuestro extorsivo y homicidio. Posteriormente, también asumió la defensa de los familiares de un ganadero de 60 años que fue secuestrado en Ucayali. En el caso de la menor, el cuerpo fue ubicado gracias a la información proporcionada por un aspirante a colaborador eficaz.
En el caso del ganadero, pese a que sus familiares entregaron 190 mil soles como parte del rescate exigido por los delincuentes, la víctima no fue liberada y hasta la fecha permanece desaparecida. De acuerdo con las investigaciones fiscales, esta organización criminal seleccionaba a personas con aparentes recursos económicos para exigir rescates de hasta un millón de soles. Para presionar a las familias, los criminales enviaban mensajes y videos en los que las víctimas aparecían amenazadas con armas de fuego.
Las diligencias permitieron identificar la presunta participación de 15 integrantes de la organización y vincularlos con al menos diez homicidios cometidos bajo el mismo modus operandi. La información aportada por un colaborador eficaz resultó clave para orientar la búsqueda de otros cuerpos relacionados con estos hechos y consolidar los elementos de convicción que sustentaron el pedido de prisión preventiva.
Como parte de la defensa integral de las víctimas, la Defensa Pública promovió además la constitución en actor civil dentro del proceso penal y solicitó una reparación civil de 500 mil soles para cada una de las partes agraviadas, debido a la gravedad de los delitos y al daño ocasionado a las familias. Con estas acciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalece su labor en la defensa legal gratuita de las víctimas y contribuye de manera firme a la lucha contra la criminalidad organizada en favor de la seguridad y la paz social del país.
