Hermanas son sentenciadas a 12 años de cárcel por trata de personas en Huánuco

El Juzgado Penal Colegiado Permanente de Huánuco condenó a 12 años de prisión a las hermanas Edilberta Liz (38) y Rosalina Santamaría Rivera (35) por el delito de trata de personas agravada. La sentencia se emitió casi tres años después de la intervención policial que destapó el caso en un inmueble del pasaje San Martín, donde las hermanas explotaban sexualmente a dos menores de edad.

Según la acusación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, el 9 de setiembre de 2023 agentes de la comisaría de Huánuco ingresaron al inmueble donde funcionaba un bar clandestino. En el interior encontraron a varias mujeres acompañando a parroquianos, y al identificarlas descubrieron que dos de ellas eran menores de 15 y 17 años, ambas naturales del distrito de Molino, en la provincia de Pachitea.

En su declaración en Cámara Gesell, la menor de 15 años reveló que trabajaba desde hacía dos meses en jornadas que iban desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Las hermanas, a quienes conocía como «Yuli» y «Mamish» o «tía Rusha», sabían de su minoría de edad y aun así le pagaban 30 soles por cada caja de cerveza que vendía. Para evitar que escaparan, «Yuli» encerraba a las menores con candado durante las noches.

La menor de 17 años relató que llegó el 8 de setiembre para cuidar a un niño, pero luego la obligaron a trabajar en el bar acompañando a los clientes, ganando 2.50 soles por cada botella de cerveza que consumían los asistentes. La fiscalía determinó que las hermanas se aprovecharon del estado de vulnerabilidad de las víctimas, quienes no tenían familia en la ciudad y provenían de hogares en extrema pobreza.

Ambas hermanas habían salido en libertad tras cumplir los meses de prisión preventiva requeridos, pero ahora enfrentan la sentencia condenatoria. Sin embargo, la ejecución del fallo fue suspendida hasta que la Sala Penal Superior resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de las sentenciadas, por lo que permanecerán en libertad mientras se resuelve la impugnación. La fiscalía consideró que en este caso existió captación, acogida, recepción, promoción, facilitación y explotación de menores.