La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar al fiscal José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios. El organismo concluyó que no alcanzó la «convicción positiva» necesaria para renovar la confianza en su desempeño, argumentando que «la confianza institucional que sustenta la ratificación se construye sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia». La decisión será comunicada al Ministerio Público para que tome las acciones correspondientes, lo que confirma la salida del reconocido fiscal del caso Lava Jato de la institución.
La decisión de la JNJ se suma a una serie de medidas previas que ya habían apartado a Pérez del ejercicio de sus funciones. En enero, el entonces fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso la disolución de los equipos especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip, una medida que formalizó la salida del coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, y la exclusión de Pérez. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Control (ANC) dispuso su apartamiento preventivo por seis meses como parte de un proceso disciplinario por presuntas infracciones en el caso Cócteles, impidiéndole ejercer funciones fiscales. Pérez ya había anticipado que no descartaba renunciar debido a los «constantes maltratos» en su contra.
En declaraciones recientes, el exfiscal manifestó que no solo ha sido «castigado», sino también «amenazado» por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al afirmar que ella habría solicitado su encarcelamiento y que incluso podría estar coordinándolo con una Fiscalía que, según dijo, estaría bajo influencia de Tomás Gálvez. «La señora Fujimori ha sido bien clara en su última entrevista de que me iré a la cárcel», declaró Pérez en el programa ‘La verdad a fondo’. El exintegrante del equipo especial Lava Jato también había adelantado que su futuro pasaba por impugnar la decisión o recurrir al Poder Judicial, y no descartó incursionar en política si la situación de «maltrato» se extiende. Su salida del Ministerio Público cierra un capítulo en la lucha anticorrupción que lo llevó a liderar investigaciones clave contra altos funcionarios y partidos políticos.
