La provincia de Puerto Inca enfrenta un escenario crítico debido al avance descontrolado de delitos ambientales. El alcalde provincial, Carlos Cruzado Navarro, denunció públicamente que las entidades del Estado peruano encargadas de la fiscalización no están mostrando acciones efectivas para frenar la deforestación masiva y el avance de la minería ilegal. La autoridad edil precisó que ha remitido múltiples informes a la Marina de Guerra, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Regional de Energía y Minas, pero las respuestas siguen siendo insuficientes.
Respecto al violento ataque perpetrado por mineros ilegales en la comunidad nativa de Paujil, donde se reportó el incendio de ocho viviendas de comuneros que defienden sus bosques, el alcalde se mostró cauto y señaló que la investigación está en manos de las fuerzas del orden. Confió en que los responsables serán identificados y procesados. La problemática de Puerto Inca no se limita al ámbito ambiental, sino que también afecta servicios básicos y vías de comunicación.
El sistema de agua y alcantarillado de la capital provincial sigue siendo una promesa rota. El alcalde recordó que la primera obra, ejecutada durante la gestión del exgobernador Luis Picón, nunca entró en funcionamiento, y un segundo proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda también quedó inconcluso. La documentación está trabada en el MVCS, que hasta la fecha no ofrece solución. El acceso vial Puerto Sungaro – Puerto Inca también está en estado crítico.
Aunque el mantenimiento de esta ruta es competencia de Provías Nacional, el pésimo estado de la carretera obligó a la Municipalidad Provincial a intervenir de emergencia con recursos propios para realizar trabajos de bacheo y garantizar la transitabilidad. La situación evidencia el abandono estatal en una provincia que enfrenta graves problemas ambientales y de infraestructura.
