El Concejo Provincial de Leoncio Prado aprobó el Acuerdo de Concejo N.º 033-2026-MPLP, que da luz verde al Plan de Trabajo de Fiscalización para el año 2026 con una asignación presupuestal cercana al medio millón de soles. Sin embargo, lo que debía ser un paso hacia la transparencia ha generado una tormenta política, pues la controversia radica en que los recursos no fortalecerán a las áreas técnicas de control, sino que serán ejecutados directamente por los propios regidores, una modalidad calificada por analistas como un “riesgo latente de uso discrecional”.
Especialistas en gestión pública advierten que entregar dinero directamente a quienes deben fiscalizar, sin un filtro administrativo riguroso, “abre la puerta a que el presupuesto se diluya en gastos personales o proselitismo disfrazado”. Otro punto que alimenta la desconfianza es la unanimidad y celeridad con la que se tomó la decisión, sin un debate público que permitiera conocer el desglose de los gastos o las metas específicas de cada intervención. Para muchos ciudadanos, este “silencio cómplice” en el pleno sugiere que el interés primordial era asegurar el presupuesto antes que garantizar su eficiencia.
Si bien la normativa permite que los regidores cuenten con recursos para su labor fiscalizadora (como peritajes o traslados), la suma cercana a los 500 mil soles resulta desproporcionada para una provincia que clama por obras y servicios básicos. Hoy, la pregunta en las calles de Tingo María es una sola: ¿Se usará el dinero para investigar y sancionar irregularidades, o estamos ante una repartija presupuestal con nombre de fiscalización? La mirada ciudadana y, posiblemente, la de la Contraloría, estarán ahora fijas en cada sol que salga de esa partida.
