El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las instancias electorales establecieron que los candidatos u organizaciones políticas que hayan quedado formalmente excluidos no podrán reincorporarse a la contienda electoral, incluso si obtienen medidas cautelares o resoluciones de actuación inmediata en la vía judicial. La disposición responde al principio de preclusión que rige de forma estricta los comicios.
La postura institucional quedó ratificada a partir del precedente en el cual el JNE declaró inejecutable el mandato de actuación inmediata dispuesto por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que ordenaba la inscripción de una organización política. El tribunal electoral fundamentó que el cronograma de elecciones cuenta con etapas cerradas e inmodificables que impiden retrotraer actuaciones administrativas ya concluidas.
Bajo este criterio vinculante, si una orden judicial pretende ejecutarse en una fase donde se alteren plazos o etapas procesales consumadas (tales como la impresión de cédulas o el cierre de listas oficiales), los jurados electorales elevarán los actuados ante el pleno del JNE. Esta máxima instancia es la facultada para declarar la inejecutabilidad jurídica de cualquier mandato jurisdiccional que vulnere el calendario electoral.
Con esta precisión jurídica, las autoridades electorales desestimaron las expectativas de postulantes que recurren a demandas de amparo o recursos judiciales para intentar revertir su exclusión en el tramo final de la campaña. De esta manera, se ratifica que el cumplimiento de los plazos electorales prevalece sobre fallos cautelares extemporáneos.
