El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo de la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en el caso Gasoducto Sur Peruano, en aplicación de una de las denominadas leyes «procrimen» aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Dina Boluarte. La decisión judicial ha generado indignación entre los sectores que luchan contra la corrupción.
El caso Gasoducto investigaba los presuntos aportes ilícitos que habría recibido el Partido Nacionalista de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral de Humala en 2011, a cambio de favorecer a la constructora en la licitación del millonario proyecto del Gasoducto Sur Peruano. La investigación se prolongó por más de una década y acumuló abundante material probatorio.
Sin embargo, el juez a cargo del caso aplicó una de las leyes «procrimen» —aprobadas con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas— que redujo los plazos de prescripción de los delitos de corrupción y limitó las facultades de los jueces para imponer prisión preventiva. Con esta norma, el magistrado consideró que el plazo para investigar y sancionar los presuntos delitos atribuidos a Humala y Heredia había prescrito.
La decisión judicial fue duramente criticada por la Procuraduría Anticorrupción y por la Fiscalía, que anunciaron que apelarán el fallo ante las instancias superiores. «Es un día triste para la justicia peruana. Las leyes procrimen están haciendo exactamente lo que fueron creadas para hacer: garantizar la impunidad de los poderosos», señaló el procurador anticorrupción en una declaración a la prensa.
El archivo del caso Gasoducto contra Humala y Heredia se suma a otros sonados casos de corrupción que han sido cerrados en aplicación de las leyes «procrimen», como el caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos han denunciado que estas normas constituyen un retroceso en la lucha contra la corrupción y un grave perjuicio para la institucionalidad democrática del país. La polémica sigue abierta.
