Una comerciante procedente de la provincia de Picota, en la región San Martín, denunció la apropiación ilícita de 220 sacos de maíz, equivalentes a más de 20 toneladas del producto, por parte de Richard Yordi Fernández Ortiz, quien se niega a devolver la mercadería o pagar el monto adeudado de 22 mil 500 soles pese a dos disposiciones fiscales que lo exhortan a hacerlo.
Jeisten Guevara Fernández, esposo de la agraviada Fátima Paredes Huertas, relató que desde hace un año trabajaban comercialmente con Fernández Ortiz, pero desde marzo este incumplió con el pago del cargamento de maíz enviado el 30 de marzo y recibido por el comprador el 1 de abril de 2026. El compromiso era depositar el dinero una vez recibida la mercadería, pero el comerciante bloqueó las llamadas y cortó toda comunicación.
Ante la negativa de pago, la pareja viajó desde San Martín a Huánuco —con la esposa en avanzado estado de gestación de nueve meses— y denunció el caso ante la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco. El fiscal William Martínez Mucha emitió la disposición N° 01 el 11 de mayo, exhortando la devolución de 179 sacos de maíz a su legítima propietaria, bajo apercibimiento de promover una investigación por desobediencia y resistencia a la autoridad en caso de incumplimiento.
Lejos de acatar la orden fiscal, Fernández Ortiz ignoró la disposición, lo que motivó una segunda disposición emitida por el fiscal. Sin embargo, el deudor volvió a desobedecer, esta vez aduciendo que actuaba por recomendación de su abogada. «Ayer fuimos con la policía a su local en Huancachupa y estaban a punto de moler el maíz que está inmovilizado por disposición fiscal», denunció el agraviado, quien permanece desde hace más de un mes en Huánuco junto a su esposa a la espera de una solución.
El producto, valorizado en 22 mil 500 soles y con un peso total de 20 mil 480 kilos, permanece retenido en el local del denunciado mientras la pareja exige justicia. Guevara Fernández reveló además que detrás de esta deuda hay dos agricultores que también esperan el pago por sus cosechas. La familia afectada solicitó a las autoridades que se tomen medidas más severas contra Fernández Ortiz por su reiterado desacato a los mandatos judiciales.
