Diversas investigaciones periodísticas y reportes de fiscalización ambiental revelaron la proliferación de anuncios en plataformas digitales y redes sociales donde se ofertan y alquilan inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta práctica clandestina permite a mineros ilegales operar en distintas cuencas del territorio nacional utilizando titularidades de terceros como fachada legal para comprar explosivos, evadir operativos de la Policía Nacional del Perú y transportar cargamentos de oro sin fiscalización.
De acuerdo con las alertas formuladas por especialistas en minería y gestión ambiental, el mercado negro de registros ofrece constancias tanto vigentes como suspendidas a precios que oscilan entre miles de dólares, dependiendo de la ubicación del derecho minero y la accesibilidad a las zonas de extracción. El uso fraudulento del Reinfo obstaculiza las labores del Ministerio Público y de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), al blindar actividades extractivas no autorizadas frente a la tipificación del delito de minería ilegal.
El esquema comercial irregular abarca concesiones ubicadas en regiones críticas como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Arequipa y Huánuco, donde redes criminales articulan la adquisición de estos registros para justificar la procedencia de material aurífero extraído de zonas intangibles o de amortiguamiento. Gremios del sector formal y observatorios ambientales advirtieron que la falta de cruce de datos en tiempo real entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Minem facilita el blanqueo y la exportación de mineral ilícito.
Frente a esta situación, diversas bancadas parlamentarias, gremios empresariales y organismos fiscalizadores demandan una depuración exhaustiva del padrón del Reinfo y la imposición de candados legales que prohíban la transferencia y comercialización de personerías mineras en proceso de formalización. Asimismo, se solicitó a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional rastrear a los operadores que comercializan estos accesos mediante redes sociales para su respectiva sanción penal.
