El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco (integrado por los magistrados Carlos Allasi Pari, Walter Dávila Aguirre y Eloy Osorio Flores) sentenció por unanimidad a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva a Ronald Mael Mallqui Céspedes (32). El fallo judicial lo halló responsable en calidad de autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa con agravantes, en perjuicio de su expareja y conviviente de iniciales Y. M. C. (28).
La acusación fue sustentada en juicio oral por el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huánuco, quien demostró que el ataque ocurrió en el interior de la vivienda que ambos compartían, ubicada en el sector de Las Moras. En medio de una discusión por reclamos de celos y antecedentes de agresiones verbales, el procesado extrajo un arma de fuego corta y descerrajó un disparo a quemarropa contra la mujer, impactando el proyectil en la zona torácica y dejándola en estado crítico sobre el suelo de la habitación.
Vecinos y familiares de la víctima intervinieron tras escuchar la detonación, logrando auxiliar a la mujer y trasladarla de urgencia al área de trauma shock del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde los médicos de turno le salvaron la vida tras someterla a una intervención quirúrgica de emergencia para extraer el proyectil. En el plenario, el Ministerio Público presentó pericias balísticas, el informe del médico legista que acreditó lesiones por PAF (proyectil de arma de fuego) con desgarro visceral y riesgo inminente de muerte, así como el historial de medidas de protección previas que el agresor había quebrantado.
Además de los 25 años de cárcel efectiva (cuyo cómputo ordenó su reclusión inmediata en el penal de Potracancha hasta el año 2049), el tribunal colegiado fijó una reparación civil de 20 000 soles a favor de la agraviada por concepto de daños físicos, materiales y secuelas psicológicas. La resolución judicial incluyó la inhabilitación definitiva para el porte o tenencia de armas de fuego y la prohibición expresa de comunicarse o acercarse a la víctima y a sus menores hijos una vez cumplida la condena carcelaria.
