La Comisión de Inclusión Social del Congreso aprobó un dictamen que propone otorgar una compensación económica de entre S/800 y S/1,130 a los actores comunales del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) , un grupo conformado principalmente por madres cuidadoras, guías de familia, socias de cocina y otros voluntarios que desempeñan funciones esenciales en el cuidado infantil temprano. El dictamen, que obtuvo 10 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, deberá ser ratificado por el Pleno del Congreso para convertirse en ley. Actualmente, estos actores comunales no reciben un salario competente ni beneficios sociales, pues el Estado contempla su labor como un voluntariado con incentivos de apenas S/400 o S/500, pese a que sostienen las operaciones del programa que atiende a más de 64,000 menores en situación de pobreza y pobreza extrema en todo el país.
El modelo de Cuna Más, creado en 2012 sobre la base del antiguo Wawa Wasi, se sostiene en la colaboración entre el Estado y las comunidades, lo que ha permitido llevar servicios a las zonas más remotas. Sin embargo, la socióloga Alejandra Dinegro señaló que el rol de los actores comunales ha sido históricamente «subvalorado y precarizado», en gran medida porque el cuidado infantil y el trabajo doméstico se asocian al rol femenino y se perciben como «habilidades naturales» y no como un trabajo que demanda formación, tiempo y esfuerzo. «Esta percepción reduce justamente el valor de la mujer en el mercado laboral», afirmó. Cerca de 53,000 personas, en su mayoría mujeres, sostienen el programa a nivel nacional, siendo las regiones con mayor número de voluntarios Cajamarca (5,056), Cusco (3,594), Piura (3,140), Junín (3,104) y La Libertad (3,071).
Pese al respaldo en la comisión, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) consideran que el dictamen no es viable, argumentando que generaría gastos no contemplados en el presupuesto y que no existe un estudio técnico que sustente los montos planteados. Según sus estimaciones, la implementación del beneficio representaría un gasto adicional de más de S/97 millones, cifra no proyectada en el presupuesto del programa. Asimismo, advierten que la iniciativa vulneraría principios constitucionales como el equilibrio presupuestario y la responsabilidad fiscal. Para Dinegro, estas objeciones revelan «una falta de visión respecto al rol estratégico del cuidado» y evidencian que el trabajo de cuidado «no está en la agenda pública». La especialista planteó la necesidad de reconocer el cuidado como una labor formal, con derechos laborales completos y remuneración acorde a su impacto social, así como avanzar hacia la profesionalización del sector con inversión pública sostenida.
