La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, presidida por el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular), aprobó el Proyecto de Ley 9490 que habilita, de manera excepcional, el trámite administrativo para el otorgamiento de licencias de conducir de clase A a personas con licencia suspendida, cancelada o inhabilitada. La medida incluye a quienes cometieron la infracción M01, considerada una de las más graves dentro del Reglamento Nacional de Tránsito, que implica conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (o negarse a la prueba) y haber participado en un accidente de tránsito, lo que suele conllevar la cancelación definitiva del brevete.
El dictamen, que será remitido al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación, plantea que la propuesta esté vigente hasta el 31 de julio de 2027. Según el proyecto, los conductores sancionados que deseen acogerse al beneficio deben contar con DNI o carné de extranjería vigente y domicilio en el país. La iniciativa original buscaba regularizar licencias suspendidas entre 2024 y 2025, pero fue modificada y actualizada debido a que no fue aprobada en ese periodo. El documento señala que «cometer una infracción en Perú es más común de lo que se piensa debido al congestionamiento vehicular».
Expertos en transporte han cuestionado duramente la medida. Roberto Vélez, gerente general de «AMovernos», señaló que «conducir un vehículo no es un derecho, sino un deber. Es increíble que se esté trabajando un enfoque centrado en el conductor que perjudica al peatón». Adrián Revilla, presidente de «Cruzada Vial», calificó la propuesta como «gravísima y absurda», advirtiendo que si a una persona con problemas de alcohol se le permite volver a tener licencia, «muy probablemente volverá a incurrir en la misma falta». Federico Battifora Laca, consultor en seguridad vial, sostuvo que la medida refuerza la cultura del «más vivo» y representa una involución en seguridad vial.
Los expertos coinciden en que la iniciativa es un mal precedente en un país donde las víctimas de accidentes de tránsito no obtienen justicia y donde la inseguridad vial es evidente. «Manejar bajo los efectos del alcohol es responsabilidad total del conductor. Es un mal precedente que se esté tratando de flexibilizar una situación que debería reprimirse completamente», agregó Vélez. El dictamen será debatido en el Pleno, donde se definirá si se convierte en ley. La medida ha generado rechazo en organizaciones de seguridad vial, que piden priorizar la prevención y la sanción efectiva de conductores infractores. El Congreso aún no ha fijado fecha para el debate.
