La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/153,000 en la Municipalidad Distrital de Amarilis por la contratación de un funcionario que, según el órgano de control, se encontraba impedido de ejercer función pública debido a sentencias judiciales por delitos dolosos. El caso compromete presuntamente a seis funcionarios ediles. La irregularidad está contenida en el Informe de Control Específico n.° 008-2026-2-2694-SCE.
El profesional fue contratado como gerente de Administración y Finanzas bajo el régimen CAS (enero-marzo 2023 y noviembre 2025-enero 2026) y como locador de servicios (marzo 2023-setiembre 2025). Durante esos periodos, tenía sentencias condenatorias por falsificación de documentos públicos y peculado doloso, lo que, conforme a la Ley n.° 31042, le impedía ejercer funciones públicas. Además, presentó declaraciones juradas falsas afirmando no tener impedimentos.
La Contraloría también advirtió que la municipalidad utilizó cotizaciones atribuidas a personas naturales para sustentar órdenes de servicio, pero los supuestos cotizantes negaron haber presentado propuestas y afirmaron que las firmas no les pertenecían. Se determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en seis funcionarios por permitir la designación y autorizar pagos por servicios no prestados.
Las órdenes de servicio emitidas en 2023 alcanzaron S/50,000, superando el límite de contratación directa de ocho UIT, por lo que debió convocarse un procedimiento de selección. El órgano de control comunicó los hechos a las instancias competentes. El informe puede consultarse en el Buscador de Informes de la Contraloría. El caso abre un frente sensible para la gestión municipal de Amarilis.
