La Contraloría General ha identificado a diez gobiernos regionales que no vienen incorporando en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos para que el Consejo Regional fiscalice su gestión. En la lista se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto y Madre de Dios. Según la normativa, deben destinar como mínimo el 1% del presupuesto asignado para gastos y servicios.
De acuerdo con los informes de control, los diez gobiernos regionales debieron destinar un total de S/12,406,295.12 para las actividades de fiscalización, pero solo asignaron S/6,646,197.00, es decir, el 53.6% en promedio. Junín asignó S/238,200 cuando debía S/1,390,385.27; Áncash S/300,000 en lugar de S/1,204,226.83; Apurímac S/201,000 en vez de S/859,659.04; y Huánuco S/448,289 en lugar de S/1,187,670.43.
En el caso de La Libertad, incorporó S/1,319,000 en vez de S/2,558,699.28; Amazonas S/404,357 en lugar de S/758,737.70; Madre de Dios S/391,468 en vez de S/590,944.01; Ayacucho S/988,288 de S/1,154,642.67; y Loreto S/1,979,432 en lugar de S/2,005,879.13. Al no asignar los recursos necesarios, existe el riesgo de que la función fiscalizadora de los consejeros regionales se vea limitada.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los consejeros tienen entre sus atribuciones fiscalizar la gestión pública. La Contraloría ha comunicado los resultados a los titulares para que adopten medidas preventivas y correctivas. La falta de presupuesto afecta la capacidad de control de los Consejos Regionales y debilita la transparencia en la gestión pública.
