Especialistas en temas mineros y seguridad advirtieron que el tráfico de oro ilegal en Pataz y otras regiones como Piura, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios coexiste con una profunda corrupción de autoridades, y pidieron investigar a policías, fiscales y funcionarios políticos que se hacen de la vista gorda. Según el reporte, solo entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial emitió al menos 37 fallos por minería ilegal que involucraron a 96 efectivos policiales.
En abril de este año, cuatro suboficiales de la PNP adscritos a inteligencia fueron detenidos en el anexo de Chagual, distrito de Pataz, acusados de secuestro y extorsión a una empresaria, y el Poder Judicial de La Libertad les dictó 18 meses de prisión preventiva. El 18 de junio también fue detenido el capitán del Ejército Gary Chiroque Barreno, jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz, acusado de extorsionar a un empresario gastronómico, aunque afrontó la investigación preliminar sin prisión preventiva.
El exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha señaló que se debe investigar las alianzas con el crimen organizado, y sostuvo que las redes de corrupción sirven de puente entre miembros de la fuerza pública y grandes estructuras criminales. Advirtió que, sin una depuración institucional, la minería ilegal continuará infiltrando sus redes de corrupción en la policía.
Entre julio y agosto fueron detenidos en Madre de Dios dos fiscales por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. La vocera del Observatorio de Minería Ilegal, Karina Garay Tapia, sostuvo que esta actividad ha evolucionado y hoy opera mediante organizaciones criminales transfronterizas, con financiamiento, logística y control territorial, vinculadas al lavado de activos y al tráfico de insumos como el mercurio.
