Corte Superior de Justicia de Huánuco solicita mayor derivación de casos de flagrancia delictiva para agilizar procesos penales

La Corte Superior de Justicia de Huánuco instó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a canalizar un mayor número de detenciones por flagrancia hacia los órganos jurisdiccionales especializados, con el fin de acelerar la emisión de sentencias y combatir la criminalidad de manera inmediata. Las autoridades judiciales enfatizaron que el uso intensivo de la Unidad de Flagrancia permite resolver procesos penales en plazos menores a 72 horas mediante juicios rápidos y mecanismos de terminación anticipada.

De acuerdo con el balance presentado por la presidencia de la Corte huanuqueña, el sistema judicial cuenta con magistrados, personal técnico y salas de audiencia debidamente equipadas para tramitar delitos comunes flagrantes, tales como hurtos, robos, agresiones físicas, tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas. No obstante, el número de casos remitidos por las comisarías y dependencias policiales aún se encuentra por debajo de la capacidad operativa instalada en el distrito judicial.

El Poder Judicial coordinará con los comisarios y fiscales provinciales de turno para estandarizar los protocolos de detención, elaboración de actas y levantamiento de evidencias en los lugares de intervención. La homologación de estos procedimientos busca evitar vicios procesales o dilaciones indebidas que impidan incoar los procesos inmediatos, garantizando que los presuntos delincuentes capturados en flagrante delito sean puestos a disposición de los jueces de forma célere y con pleno respeto al debido proceso.

Representantes de la judicatura local destacaron que el fortalecimiento del modelo de flagrancia no solo reduce la carga procesal y el hacinamiento penitenciario preventivo, sino que también brinda una respuesta efectiva y oportuna a las víctimas de hechos delictivos en la región Huánuco. Para ello, se programarán mesas de trabajo multisectoriales continuas entre jueces, fiscales, policías y defensores públicos a fin de optimizar el flujo interinstitucional de los casos penales.