La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco y el centro de salud de Santa María del Valle emitieron desde el año 2025 informes técnicos que advertían la presencia de arsénico en concentraciones superiores a los 0.01 miligramos por litro (mg/L) —valor máximo estipulado en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Decreto Supremo N.° 031-2010-SA)— en la captación de agua que abastece al centro poblado de Pachabamba. Dicho informe sanitario determinó formalmente que el recurso extraído del manantial y distribuido por la red comunal no resultaba apto para el consumo humano ni para la preparación de alimentos.
A pesar de que las notificaciones técnicas fueron derivadas oportunamente a la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle —liderada por el alcalde Wilson Palomino Claudio—, al Gobierno Regional de Huánuco y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de Pachabamba presidida por directivos comunales, no se concretaron medidas correctivas inmediatas para mitigar la ingesta del metal pesado. Durante todo este periodo, más de mil pobladores, así como los alumnos y docentes de la Institución Educativa Integrada Pachabamba, continuaron abasteciéndose de la red hídrica contaminada por falta de plantas de filtración o fuentes alternas continuas.
Los muestreos físico-químicos confirmaron que el agua consumida por los moradores de los sectores Alto Pachabamba, Bajo Pachabamba y zonas adyacentes representa una amenaza de intoxicación crónica, con riesgo directo de afecciones dermatológicas, lesiones cutáneas, trastornos digestivos y desarrollo a largo plazo de patologías cancerígenas asociadas a la exposición a metaloides. Personal de vigilancia epidemiológica advirtió en su momento que hervir o clorar el agua no elimina el arsénico, recomendando suspender de inmediato el flujo de la captación y proveer agua potable de manera provisional mediante camiones cisterna de la empresa Seda Huánuco.
Frente a la inacción de los entes responsables tras haberse advertido la contingencia desde el año 2025, dirigentes comunales y representantes de las familias afectadas acudieron ante el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco, y la Oficina Defensorial de Huánuco a cargo de Lizbeth Yllanes Nauca, a fin de interponer denuncias por presunta omisión de funciones y delito de contaminación ambiental contra las autoridades omisas. La población exige la asignación de presupuesto regional para una nueva captación en una cuenca virgen y la realización de pruebas toxicológicas y tamizajes médicos a toda la población expuesta.
