Diresa advierte que desalojo de su local afectaría laboratorio que procesa 38 mil análisis anuales y atiende brotes activos de sarampión y dengue

La cuenta regresiva del desalojo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) ya no se juega solo en el expediente civil ni en la deuda con la Beneficencia. El nuevo punto de presión está dentro del laboratorio regional, donde se procesan muestras de alta complejidad para toda la red sanitaria de Huánuco. El director regional, Gustavo Barrera Sulca, busca convertir ese dato en la última carta para frenar la diligencia del 10 de julio, mientras la Beneficencia mantiene su derecho a recuperar el inmueble. Con un oficio técnico, la Diresa intenta demostrar que una intervención sin protocolo puede afectar servicios esenciales.

El Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública atiende muestras de 389 instituciones y articula una red de 96 laboratorios locales. En 2025 procesó 38,201 análisis biológicos, y en lo que va de 2026 registra muestras para virus del papiloma humano, dosajes prostáticos y pruebas de tuberculosis. El informe también menciona brotes activos: tres casos confirmados de sarampión en Mariano Dámaso Beraún, un caso de tos ferina en Monzón y 357 casos de dengue en 17 distritos endémicos, además de 1,026 casos de enfermedad de mano, pie y boca.

La Diresa sostiene que el laboratorio procesa diagnósticos vinculados a más de 108 enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, incluyendo VIH, sífilis, hepatitis B, chikungunya, zika y leptospirosis. La entidad advierte que maneja fluidos, tejidos, biopsias y cultivos bacteriológicos que requieren condiciones especiales de manipulación. Barrera anunció que trabajadores pernoctarán en la sede para evitar el traslado forzado, elevando el riesgo de tensión con policías y personal judicial.

La Beneficencia reclama una deuda acumulada que bordearía los S/4 millones, pero la Diresa responde que no puede reconocer ese monto sin mandato judicial. La Defensoría del Pueblo sostiene que aún puede evitarse el desalojo mediante una transacción extrajudicial con contraprestación económica. Un acta temporal permitiría suspender la diligencia, ordenar el traslado del laboratorio y discutir la deuda sin presión de fuerza. Sin ese documento, Huánuco quedará ante una escena difícil: una entidad sanitaria atrincherada, una Beneficencia decidida a recuperar su bien y un laboratorio convertido en el centro de una crisis que ya excedió el inmueble.