El juez Víctor Guzmán Afán del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro ciudadanos colombianos investigados por la presunta comisión del delito de extorsión en agravio de una madre y su hija, comerciantes de la ciudad de Huánuco. Los extranjeros fueron trasladados al penal de Potracancha para cumplir la medida coercitiva.
Los detenidos fueron identificados como Diego Andrés Angarita Pacheco (30), Miller Arbey Mosquera Ávila (34), Jefferson Motta Palacios (29) y Johan Sebastián Varón Parra (22), señalados como presuntos integrantes de la banda criminal denominada «Los Colochos del gota a gota». Un quinto intervenido, Jhon Alexander Angarita Pacheco (42), fue liberado durante las diligencias preliminares por disposición fiscal.
Según la imputación del Ministerio Público, la víctima identificada como Kely recibió un préstamo de 800 soles el 29 de abril a través de Yape a nombre de Jefferson Motta. Aunque el monto principal fue cancelado, la disputa surgió por las moras: la agraviada afirmaba que debía solo 20 soles por dos días de retraso, mientras que el prestamista del «gota a gota» le exigía 60 soles. Días antes de la intervención, la comerciante recibió mensajes de texto y audios amenazantes donde Motta le advertía que iría a su local a hacer un «chongo».
El 18 de mayo, Jefferson Motta y Johan Varón llegaron al restaurante de la víctima, ubicado en la cuadra 2 del jirón Libertad, para cobrar el dinero bajo amenazas de destrozar el local. Madre e hija fueron agredidas físicamente pese a haber asegurado que ya habían cancelado la deuda. Al percatarse de que la agraviada grababa la agresión, Motta le propinó un puñete en el rostro y le arrebató su celular.
Momentos después, los otros implicados llegaron a bordo de motocicletas y amenazaron a las víctimas con una barra de metal y un cuchillo, exigiéndoles a gritos e insultos el pago de los días de retraso. Comensales y vecinos del restaurante alertaron a la Policía, que llegó al lugar y capturó a los cinco ciudadanos colombianos. Durante todo el proceso —en sede policial, fiscal y judicial— los detenidos guardaron silencio, pese a que el juez les dio la oportunidad de ejercer su derecho de autodefensa.
