El fiscal provincial de Lauricocha intervino el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ricardo Salinas Vara, en el distrito de Jesús, tras la denuncia de un grupo de docentes contratados contra el administrador de la institución, Abilio Hilario Ferrer. Los docentes lo acusan de malos tratos, descuentos indebidos y de ausentarse en horario de trabajo. Según uno de los denunciantes, durante la diligencia el administrador no estaba en su oficina.
El testimonio es del licenciado en enfermería Harrison Minaya Asca, docente de Enfermería Técnica contratado desde el 1 de abril. Según su relato a Diario Ahora, la intervención estuvo a cargo del fiscal Augusto Gayoso, en función de prevención del delito. Minaya afirma que el fiscal no encontró en horario laboral al administrador ni a otros trabajadores, pese a que en la lista de asistencia ya figuraban sus firmas, incluida la de salida, y que desde la ventana de la oficina del administrador se podía ver licor.
El docente sostiene además que a los denunciantes les avisaron que el administrador estaba jugando fútbol en una cancha deportiva del distrito, y que el propio fiscal fue al lugar y tomó fotografías, imágenes que quedaron en poder de la Fiscalía. Según Minaya, la denuncia es el resultado de meses de tensión: asegura que el administrador nunca se presentó formalmente ante los docentes contratados en abril y que desde las primeras semanas recibieron «atropellos» y «faltas de respeto», incluidos descuentos de sueldo por faltas justificadas con certificado médico.
El Ricardo Salinas Vara es un instituto público creado en 1988 que en 2024 obtuvo su licenciamiento del Ministerio de Educación por seis años para las carreras de Enfermería Técnica y Producción Agropecuaria. Cabe precisar que la intervención de un fiscal en función de prevención del delito no equivale a una acusación, pues el reglamento del Ministerio Público le encarga identificar y reducir riesgos vinculados a la posible comisión de delitos; hasta ahora no se conoce si la Fiscalía abrió una investigación. El administrador mantiene la presunción de inocencia.
