El Ministerio Público emitió un balance oficial en el que reportó el registro de 36 denuncias por amenazas directas contra candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales, además de 10 presuntos atentados perpetrados durante la contienda. Las cifras forman parte del monitoreo preventivo desplegado por las fiscalías a nivel nacional para evaluar el clima de seguridad electoral.
Los reportes fiscales precisan que los actos de intimidación abarcan el envío de mensajes extorsivos, llamadas telefónicas con exigencias económicas y amedrentamientos verbales dirigidos a forzar el retiro de postulantes de la carrera pública. Los incidentes se concentran con mayor intensidad en departamentos del norte y la selva del país, zonas donde diversas organizaciones criminales disputan cuotas de poder local.
En relación con los presuntos atentados, las investigaciones preliminares detallan ataques con artefactos explosivos, detonaciones en locales de campaña y disparos contra viviendas particulares o vehículos pertenecientes a aspirantes a alcaldías distritales y provinciales. La Policía Nacional del Perú y los peritos de criminalística trabajan en el recojo de evidencias balísticas para individualizar a los responsables materiales.
Frente a la escalada de hechos violentos en el proceso electoral, el Ministerio Público dispuso la activación de protocolos de alerta temprana y la coordinación permanente con el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las autoridades exhortaron a las agrupaciones políticas a formalizar cualquier hecho delictivo para tramitar medidas de protección inmediata en favor de los candidatos amenazados.
