El nuevo gabinete ministerial del presidente José María Balcázar, que juramentó el pasado 17 de marzo, está compuesto en su mayoría por ministros que enfrentan investigaciones fiscales en trámite por diversos delitos. Una revisión de La República a las declaraciones juradas de los 18 integrantes del Consejo de Ministros revela que al menos 10 titulares cuentan con procesos abiertos por presuntos delitos como negociación incompatible, colusión, lavado de activos, abuso de autoridad y peculado, entre otros. Cuatro ministros más registran investigaciones en su pasado que fueron archivadas, mientras que dos titulares —los de Defensa e Interior— admitieron tener procesos en curso pero no detallaron las carpetas fiscales en sus declaraciones, comprometiéndose a presentar la información posteriormente.
Entre los casos más complejos destacan el ministro de Justicia, Luis Jiménez Porras, quien enfrenta tres investigaciones en trámite por negociación incompatible y colusión agravada, además de dos procesos archivados por los mismos delitos. El ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, tiene dos indagaciones abiertas por fraude procesal, omisión ilegal, abuso de autoridad y colusión. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, registra un proceso por lavado de activos bajo la modalidad de actos de conversión y transferencia. El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, cuenta con dos investigaciones por usurpación agravada y negociación incompatible. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, tiene dos procesos por peculado y corrupción de funcionarios.
El primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, no registra investigaciones en trámite, pero sí enfrentó cuatro procesos en el pasado por abuso de autoridad, exceso en el ejercicio del cargo y falsedad, todos archivados. El ministro de Producción, César Quispe Luján, es quien acumula el mayor número de antecedentes: tuvo 11 investigaciones por negociación incompatible, apropiación ilícita, estafa, asociación ilícita y lavado de activos, todas archivadas, aunque actualmente enfrenta un procedimiento administrativo sancionador por propaganda electoral. La situación del gabinete ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad de sus integrantes, en un contexto donde el gobierno de Balcázar busca asegurar la gobernabilidad y enfrentar la crisis política a menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril.
