El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en diversos distritos correspondientes a 22 regiones del país debido al peligro inminente originado por intensas precipitaciones pluviales vinculadas a las condiciones climáticas del fenómeno El Niño. La medida de excepción, aprobada mediante decreto supremo a solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), busca salvaguardar a las poblaciones vulnerables y agilizar la ejecución de medidas de mitigación y preparación frente al riesgo de desbordes, inundaciones y deslizamientos de tierra.
La disposición gubernamental alcanza a localidades de departamentos como Huánuco, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca, San Martín, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Loreto y Ucayali. Los reportes técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) sirvieron de sustento para identificar las zonas con mayor susceptibilidad a movimientos en masa y crecidas extraordinarias de caudales.
Durante la vigencia de la medida excepcional por 60 días calendario, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales involucradas coordinarán con los ministerios de Defensa, del Interior, de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones, de Salud, de Educación y de Desarrollo Agrario y Riego la ejecución de obras prioritarias. Entre las acciones inmediatas se contemplan la descolmatación de cauces, la instalación de gaviones y defensas ribereñas, el mantenimiento de vías de comunicación y la distribución preventiva de ayuda humanitaria y maquinaria pesada.
Asimismo, la normativa establece que los recursos públicos transferidos a los pliegos presupuestales y los fondos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) deberán aplicarse con estricto apego a las fichas técnicas validadas. La Contraloría General de la República realizará el control concurrente sobre la ejecución del gasto para garantizar la oportuna respuesta técnica y proteger la infraestructura pública y las viviendas de las comunidades en riesgo.
