En su presentación ante el Congreso para asegurar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, afirmó que el Gobierno dotará de medidas para ayudar a Petroperú, pero sin precisar montos ni mecanismos, mientras la empresa estatal pierde mercado ante privados y opera a apenas 60,000 barriles diarios de crudo de una capacidad de 95,000. Arroyo señaló que el Ejecutivo «viene evaluando un esquema de financiamiento estrictamente acotado y condicionado» para evitar una interrupción en el abastecimiento de combustibles, pero no detalló si será un aval del Estado vía préstamo en la banca privada o una inyección directa de recursos públicos. El premier precisó que el apoyo no será un «salvataje irrestricto», sino una medida excepcional de reestructuración para cubrir necesidades críticas de operación, «bajo controles de caja rigurosos, supervisión permanente y metas verificables», y anunció que «se promoverá la participación de capital privado».
A pesar de que Arroyo afirmó que «Petroperú no será privatizada», el Gobierno mantiene el Decreto de Urgencia 010-2025, promulgado por el vacado presidente José Jerí en diciembre de 2025, que ha sido calificado como «inconstitucional» por organismos independientes como el Colegio de Abogados de Lima (CAL) . El premier también indicó que la empresa deberá adoptar medidas de ajuste como la reducción de costos, la priorización de operaciones rentables y la disposición de activos no estratégicos, lo que especialistas interpretan como un paso hacia la venta de activos clave como la moderna Refinería de Talara, que podría ser concesionada a privados por 30 a 60 años. El expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, criticó la «impasibilidad del Gobierno», señalando que «en la medida en que la Refinería de Talara se ha estado trabajando a media máquina, los resultados de los estados financieros al primer trimestre del 2026 saldrían negativos, no por fallas operativas, sino por la inacción o presunta intencionalidad del Gobierno».
La congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión del Consumidor, cuestionó la «falta de estrategia para llevar adelante la protección de Petroperú a fin de asegurar la energía en el país», mientras que el parlamentario Guido Bellido criticó que el Ejecutivo se mantiene inmóvil frente al desmantelamiento de la empresa: «En unos días vamos a amanecer con que la Refinería de Talara va a estar en manos de otro privado y así aniquilando a Petroperú en todos sus componentes. Eso no puede continuar». El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, advirtió que debido a la «lentitud de la respuesta del Gobierno, se está perdiendo mercado aceleradamente porque la empresa pública no está logrando cubrir su cuota en el mercado». Petroperú, que cumple un rol de estabilizador de precios en el mercado local, no recibe apoyo desde el 31 de diciembre de 2025 y, según especialistas, está «próxima a morir por inanición». La empresa controla el 25% del mercado de combustibles a nivel nacional, una participación que ha venido disminuyendo frente al 36% de 2021, y tiene más del 85% de participación en departamentos como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde la competencia privada es casi inexistente.
