El Gobierno propone reducir en S/82.3 millones el presupuesto de 2027 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entidad que financia cultivos alternativos a la coca en el Alto Huallaga y Ucayali. Según documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto pasaría de S/393.5 millones a S/311.2 millones, una rebaja equivalente al 20.91% de lo asignado al inicio de 2026, casi el mismo porcentaje con el que se reduce todo el presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sector al que pertenece Devida.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, presentó el presupuesto de la PCM el viernes 23 de octubre ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República. Pidió S/4,480.9 millones para 2027, S/1,194 millones menos que en 2026. El recorte alcanza también a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), al Concytec y al INEI. Galarreta dijo que las asignaciones de esas entidades no resultaron en productos, y que parte de la rebaja se compensa con aumentos para el Ceplan, Indecopi y Ositrán. En la misma sesión, señaló que hay S/2,500 millones para intervenir de inmediato ante El Niño.
En la región Huánuco, Devida financia desde hace más de una década proyectos de café, cacao y piscicultura en el Alto Huallaga, en la provincia de Leoncio Prado. En abril de este año, su asistencia técnica permitió que las autoridades de Leoncio Prado priorizaran más de S/12 millones en proyectos para familias del desarrollo alternativo, incluido uno contra inundaciones en el caserío Pachacútec que supera los S/3 millones. En Ucayali, da asistencia técnica a 850 familias productoras de plátano en 1,050 hectáreas, y en el VRAEM asiste a 4,865 familias cacaoteras de 16 distritos.
El recorte se discute mientras el Precip avanza en su segunda fase de erradicación, con Tingo María como uno de sus tres ejes y una meta de 16,250 hectáreas. Ni el MEF ni Devida han precisado qué proyectos o regiones perderían fondos con la rebaja. El presupuesto todavía debe ser evaluado y aprobado por el Congreso; si no se envía la ley al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigor el proyecto del Gobierno, según el artículo 80 de la Constitución.
