El Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) la convocatoria bajo el procedimiento de selección no competitiva (contratación directa a propuesta) para la contratación de un servicio especializado de defensa y asesoría legal en materia penal a favor del gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas. El monto destinado para esta consultoría jurídica asciende a S/173,460 y se financiará íntegramente con la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR) de la sede regional.
Según el cronograma del proceso, la presentación de propuestas electrónicas está fijada para el martes 6 de octubre, mientras que la adjudicación del otorgamiento de la buena pro se realizará el miércoles 7 de octubre. Esta convocatoria formaliza la aplicación del beneficio de defensa legal concedido a la autoridad mediante la Resolución Gerencial General N° 383-2026-GRH/GGR, con fecha 21 de agosto de 2026, y corresponde a la investigación seguida en su contra en la Carpeta Fiscal N° 138-2024, denominada «Caso maquinarias adquiridas en la presente gestión regional».
El servicio contratado contempla la defensa técnica integral durante la fase de investigación preparatoria del proceso penal que se sigue en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco. De manera paralela, la administración regional emitió la Resolución Gerencial General N° 439-2026-GRH/GGR, de fecha 28 de setiembre de 2026, mediante la cual concedió a Pulgar Lucas el beneficio de defensa legal en sede fiscal para otros dos procesos penales en los que figura en calidad de investigado.
El primero corresponde al Caso N° 0652-2026, a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, por la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. La segunda corresponde a la Carpeta Fiscal N° 0115-2026, tramitada en el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco, que lo investiga por negociación incompatible en agravio del Estado. La contratación de estos servicios legales ha generado diversas reacciones en el ámbito político local.
