Ninguna empresa encuestadora privada o vinculada a universidades que desarrollan labores en Huánuco se encuentra registrada entre las 96 autorizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según respondió el organismo ante una consulta de este medio. El Registro Electoral de Encuestadoras, a cargo de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, contiene el listado oficial de firmas autorizadas para desarrollar encuestas con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La inscripción en este registro tiene carácter constitutivo, es decir, otorga la autorización para difundir resultados de encuestas de intención de voto o simulacros en cualquier medio de comunicación. En Huánuco no existe ninguna encuestadora habilitada, lo que significa que cualquier publicación de sondeos, sea en prensa escrita o redes sociales, podría ser objeto de denuncias penales e imposición de multas. La normativa vigente establece que el incumplimiento puede ser sancionado con multas que oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a montos que van desde S/55,000 hasta S/550,000.
Según las recomendaciones técnicas del JNE, las encuestadoras autorizadas deben cumplir estrictos lineamientos en cuanto al marco muestral, cálculo de la muestra y definición de la población objetivo. Además, tienen la obligación de remitir un informe al Jurado Electoral Especial (JEE) de su jurisdicción dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del estudio, detallando el tamaño de la población, muestra, tipo de muestreo, trabajo de campo y financiamiento. La vigencia de la inscripción es de tres años, y la ausencia de renovación conlleva la cancelación automática.
El JNE hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender por encuestas ilegales y carentes de sustento técnico. En Huánuco, la difusión de sondeos no autorizados no solo viola la normativa electoral, sino que expone a quienes los publican a sanciones económicas y acciones penales. La recomendación es consultar el Registro Electoral de Encuestadoras antes de dar crédito a cualquier estudio de opinión vinculado al proceso electoral 2026.
