El expresidente Martín Vizcarra continuará recluido en el penal de Barbadillo mientras se define su situación legal, luego de que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declarara fundada en parte su demanda de hábeas corpus, pero sin ordenar su liberación. La resolución, emitida el 1 de abril, anuló únicamente la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que había desestimado la apelación contra la ejecución provisional de la condena de 14 años de prisión impuesta por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El juzgado ordenó que la sala superior emita una nueva resolución subsanando los vicios de motivación detectados, pero rechazó anular la decisión de primera instancia que dispuso la ejecución inmediata de la condena por riesgo de fuga. «Anular ambas resoluciones representaría una anomalía procesal, en sentido que el beneficiario quedaría sin medida alguna», argumentó la jueza Rocío Rabines.
La magistrada identificó dos vicios principales en la resolución de segunda instancia: una interpretación errónea de la norma respecto a las medidas de aseguramiento tras una condena efectiva, y una insuficiente motivación del peligro de fuga. Según el fallo, la sala de apelaciones no evaluó adecuadamente la posibilidad de imponer comparecencia con restricciones como medida excepcional, ni justificó por qué los contratos laborales de Vizcarra no podían considerarse para el arraigo laboral. Sin embargo, el juzgado constitucional precisó que anular también la decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional que emitió la condena excedía su competencia, ya que implicaría evaluar medios probatorios propios de la justicia penal ordinaria. «El juzgado constitucional no dispuso la excarcelación o libertad del sentenciado Vizcarra Cornejo», enfatizó la resolución.
El abogado del expresidente, Erwin Siccha, anunció que ya solicitó a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que emita una nueva resolución y que, bajo el principio de proporcionalidad, debería disponerse la libertad de Vizcarra con comparecencia restringida. «No es necesario presentar un documento adicional, pero nosotros ya hemos solicitado que de manera inmediata se pronuncie», declaró. Sin embargo, advirtió que si la sala ratifica la ejecución de la condena, interpondrán «las acciones legales que correspondan». El fallo constitucional, que puede ser apelado, se emitió en medio del contexto electoral a diez días de las Elecciones Generales del 12 de abril. Cualquier trámite del expediente recién procedería a partir del lunes debido a los feriados por Semana Santa. La defensa de Vizcarra aún no ha sido notificada con la fecha de la audiencia de apelación contra la condena de 14 años, proceso que, según Siccha, «aún demorará bastante».
