El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo emitió un contundente pronunciamiento rechazando el respaldo institucional brindado al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mediante un amicus curiae presentado ante el Tribunal Constitucional. El gremio también cuestionó la intervención de la entidad en el caso de Daniel Urresti, advirtiendo que estas acciones «desnaturalizan el rol de la institución» y evidencian un uso político que contradice su mandato constitucional de proteger a la ciudadanía frente a abusos del poder estatal. «La misma Defensoría que intervino ante la Corte IDH para sostener la imprescriptibilidad de estos crímenes prestó su legitimidad institucional para habilitar la impunidad», señala el documento emitido el 1 de abril.
El sindicato calificó el caso de Cerrón como «especialmente grave» por el vínculo previo del actual defensor, Josué Gutiérrez, con el líder de Perú Libre. Los trabajadores recordaron que Gutiérrez fue abogado personal de Cerrón desde julio de 2021, se afilió a Perú Libre en enero de 2022 y fue propuesto por ese partido para el cargo. «Intervenir como amicus en favor de su ex cliente sin abstenerse constituye, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, la situación paradigmática en que el interés subjetivo invalida la condición de amicus», precisaron. «El conflicto de intereses no es un tecnicismo: es una violación de los principios que rigen la función del Defensor», agregaron, exigiendo la renuncia de los funcionarios involucrados.
El gremio también alertó sobre el riesgo de que la Defensoría pierda su acreditación «A» ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) , lo que implicaría que el Perú pierda representación en espacios internacionales como el sistema de Naciones Unidas. Los trabajadores advirtieron que existe «un patrón de decisiones que favorecen a personas investigadas o condenadas por delitos graves», configurando una «captura de la Defensoría del Pueblo». «No a los poderosos que disponen de los mejores abogados del país. No a los prófugos de la justicia. Sí a los ciudadanos ordinarios, a los hombres, mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia, a los pueblos indígenas, a los migrantes. Ellos son los dueños de esta institución», sentenciaron. El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional a tomar acciones para recuperar la independencia de la institución.
