La escena se repite en los partes oficiales: una lancha de la Marina remonta el río Pachitea hasta un recodo de difícil acceso, los mineros oyen el motor, abandonan la balsa y se pierden entre la vegetación. Los agentes encuentran lo que dejaron atrás —motores, bombas de succión, tuberías, alfombras para atrapar oro, trajes de buzo y bidones de combustible— y lo destruyen todo en el mismo lugar. Así ocurrió el 13 de julio en Puerto Inca, cuando la Policía y la Fiscalía Ambiental inutilizaron cuatro balsas dragas valorizadas en unos S/150,000 que operaban sin inscripción vigente en el REINFO.
Ocho días antes, en los caseríos de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, en Yuyapichis, un operativo conjunto había destruido nueve dragas valorizadas en S/1.3 millones. En junio, la Marina informó la destrucción de 14 dragas, una excavadora y dos plataformas metálicas. En mayo, en el sector Chonta Isla, cayeron otras tres, junto con equipos de internet satelital Starlink. Y sin embargo, en agosto había 43, según la plataforma de monitoreo por radar RAMI, de Conservación Amazónica.
El contraste entre las dos cifras obliga a una pregunta incómoda. Si en tres meses se destruyeron más de 25 dragas y un mes después había 43, ¿qué se está logrando? Una draga cuesta en promedio más de S/140,000, según el valor que las propias autoridades asignaron a las nueve de julio. Aun así, reponerlas resulta rentable, y eso habla del dinero que mueve el oro del Pachitea. Los operativos destruyen los equipos, pero los operadores huyen y casi nunca hay detenidos; la cadena que compra el oro, vende el mercurio y surte el combustible sigue intacta.
Hay además una particularidad que complica la respuesta: en esta zona de Huánuco, los operativos los ejecutan fiscalías ambientales de Ucayali junto con la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca de la Marina. La principal amenaza ambiental de la provincia se persigue desde otra región. El Pachitea no es solo un cauce en una imagen satelital: de él dependen familias ribereñas para pescar, beber y moverse, y la remoción de sedimentos y el posible uso de mercurio ponen en riesgo ese ecosistema. Ahora el satélite muestra la magnitud del problema con una precisión que antes no existía; lo que falta es que el Estado pase de destruir dragas a desarmar el negocio que las vuelve a poner en el río.
