Un contingente conformado por aproximadamente 400 efectivos de la Policía Nacional del Perú fue desplegado en el sector de Puelles para ejecutar una orden judicial de desalojo. Sin embargo, la diligencia programada por los órganos jurisdiccionales no se concretó debido a la falta de garantías de seguridad y la resistencia opuesta por los ocupantes del predio.
Desde las primeras horas de la mañana, las fuerzas del orden establecieron un cerco de seguridad en las inmediaciones del terreno en disputa para resguardar a los comisionados judiciales. A pesar del despliegue logístico, un numeroso grupo de pobladores instaló barricadas y se concentró en la zona para impedir la recuperación del inmueble.
Ante el riesgo de enfrentamientos violentos y la presencia de menores de edad y adultos mayores entre los manifestantes, el juez y el representante del Ministerio Público decidieron suspender la medida. Las autoridades consideraron oportuno postergar la acción legal para salvaguardar la integridad física de los asistentes y evitar costos sociales mayores.
Tras la cancelación de la diligencia, el contingente policial procedió al repliegue gradual de sus unidades sin que se registraran heridos ni detenidos de gravedad. El juzgado a cargo del proceso notificará oportunamente la nueva fecha para la ejecución del mandato judicial correspondiente.
