El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la institución educativa del centro poblado de Guelgash, en el distrito de Churubamba, provincia de Huánuco, se encuentra al borde de una paralización indefinida de labores debido a una serie de discrepancias contractuales, retrasos en la valorización de partidas y problemas de liquidez económica reportados en la ejecución técnica de la infraestructura. La advertencia fue realizada por autoridades comunales, directivos del plantel y padres de familia, quienes manifestaron su profunda preocupación ante el riesgo inminente de que la obra quede en condición de abandono.
La ejecución física del proyecto presenta un marcado desfase entre el avance real y el cronograma programado en el expediente técnico, situación agravada por la falta de pago oportuno al personal obrero de construcción civil y a los proveedores locales de materiales e insumos básicos. Dirigentes de la comunidad señalaron que el consorcio contratista a cargo de los trabajos ha reducido sustancialmente el número de trabajadores en campo y la operatividad de los frentes de edificación, limitándose a labores mínimas de resguardo que anticipan la suspensión total de las actividades en los próximos días.
Esta crítica situación afecta directamente a cientos de escolares de los niveles de primaria y secundaria de Guelgash y caseríos aledaños, quienes desde el inicio del proyecto vienen recibiendo clases en módulos prefabricados precarios y ambientes comunales provisionales que carecen de servicios básicos adecuados, hacinamiento que pone en riesgo la continuidad de su año lectivo. La comunidad escolar lamentó que, pese a los compromisos asumidos previamente para acelerar los vaciados de concreto y acabados en las aulas y laboratorios, la falta de capacidad técnica y solvencia del ejecutor mantenga en la incertidumbre el futuro de las instalaciones.
Ante la inminente paralización definitiva, la comitiva comunal y la Asociación de Padres de Familia (Apafa) hicieron un llamado urgente a la gerencia de infraestructura del pliego ejecutor para que realice una intervención técnica inmediata, efectúe la constatación física de obra mediante acta notarial y determine si corresponde una rescisión de contrato o la aplicación de penalidades drásticas a la empresa responsable. Asimismo, solicitaron la mediación de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Regional para fiscalizar el destino de los adelantos financieros otorgados y garantizar que la infraestructura no se convierta en un nuevo elefante blanco en perjuicio de la niñez rural.
