La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), además de organizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026, supervisa la gestión de los aportes, ingresos y gastos de los candidatos y las organizaciones políticas durante la campaña electoral, con el objetivo de confirmar o rectificar lo declarado oficialmente. Para este proceso, están obligados a entregar información sobre sus actividades económicas y financieras tanto las organizaciones políticas como los ciudadanos que aspiran a una gobernación, vicegobernación o alcaldía.
Luego de recibir estos reportes, la entidad ejecuta acciones de supervisión y control que incluyen visitas inopinadas, el envío de cartas solicitando el detalle de una actividad específica, la revisión de libros contables y estados de cuenta, y la verificación de la autenticidad de los comprobantes de pago presentados. Uno de los frentes centrales es el monitoreo digital, ya que en redes sociales y plataformas digitales no existe restricción de franja electoral, aunque la propaganda debe quedar reflejada en los informes presentados ante la ONPE.
El cruce de información entre las publicaciones digitales y lo declarado permite detectar aportes indebidos, ingresos y gastos no declarados, así como vacíos o inconsistencias en la rendición de cuentas. Tras ello, se solicitan explicaciones y, dependiendo del caso, se abre un procedimiento administrativo sancionador. Toda esta información puede consultarse en CLARIDAD, el portal digital que la ONPE pone a disposición de la ciudadanía para promover la transparencia en el manejo económico-financiero de las campañas.
De acuerdo con un reporte difundido por el organismo electoral a fines de setiembre, de los 10,623 candidatos obligados a presentar su información financiera, 8,372 (78.8%) habían cumplido, mientras que 2,251 candidatos aún tenían pendiente la presentación de sus informes. Las regiones con mayor número de candidatos rezagados fueron Cusco y Áncash, con 234 cada una, seguidas de Huánuco con 172, Loreto con 129 y Puno con 125. El incumplimiento genera multas de entre 1 y 5 UIT para candidatos, y de hasta 100 UIT y pérdida de financiamiento público para las organizaciones políticas.
