Cientos de familias del centro poblado de Pachabamba, ubicado en el distrito de Santa María del Valle, enfrentan un grave riesgo de salud pública tras confirmarse que las fuentes de captación que abastecen a la comunidad presentan niveles alarmantes de arsénico y metales pesados. La problemática afecta directamente a niños, adultos mayores y madres gestantes, quienes continúan ingiriendo agua no apta para el consumo humano ante la falta de una red de saneamiento básico adecuada y sistemas de tratamiento convencionales en la zona rural.
Los análisis de calidad del agua ejecutados en los puntos de captación y reservorios comunales arrojaron concentraciones de este químico nocivo que superan holgadamente los Límites Máximos Permisibles (LMP) fijados por los estándares sanitarios nacionales e internacionales. Representantes comunales y dirigentes de las juntas administradoras de agua advirtieron que la ingesta prolongada ya viene provocando cuadros recurrentes de enfermedades gastrointestinales crónicas, afecciones dermatológicas y temores fundados de secuelas oncológicas en la población afectada.
Frente a este escenario crítico, los pobladores y dirigentes locales exigieron la inmediata declaratoria de emergencia sanitaria en Pachabamba por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la intervención técnica del Gobierno Regional de Huánuco. Entre los requerimientos prioritarios figuran la instalación de plantas de potabilización con tecnología de remoción de metales pesados, la asignación temporal de camiones cisterna para dotar de agua potable segura a los caseríos y un monitoreo epidemiológico integral para evaluar la presencia del metal en los habitantes.
Las organizaciones civiles y comunales demandaron también la fiscalización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio del Ambiente para identificar si el origen de la contaminación responde a fallas geológicas naturales del subsuelo o al pasivo de actividades mineras no controladas en las partes altas de la cuenca. De no recibir una respuesta célere de los sectores de Vivienda, Salud y el pliego regional, los vecinos no descartan iniciar medidas de fuerza pacíficas y acciones de amparo para exigir el derecho fundamental al acceso a agua limpia y de calidad.
