Pobladores de Paujil denuncian ataque armado con viviendas incendiadas en disputa por tierras vinculada a minería ilegal en Puerto Inca

Viviendas destruidas, familias desplazadas y pérdidas materiales dejó el ataque denunciado por agricultores del caserío Paujil, en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca. La incursión ocurrió en el sector Maquizapallo, en medio de una disputa por la posesión de tierras que también estaría relacionada con actividades de minería ilegal. Un grupo de personas armadas y con los rostros cubiertos ingresó a la zona, incendió viviendas, destruyó bienes y se apropió de herramientas de trabajo. Más de ocho familias habrían sido despojadas de sus predios, según la denuncia de los pobladores.

La defensa legal de la comunidad sostuvo que el ataque no sería un hecho aislado y pidió al Ministerio Público investigar los presuntos delitos cometidos durante la incursión. También solicitó medidas de protección para las familias afectadas ante el riesgo de nuevos enfrentamientos. El alcalde provincial de Puerto Inca, Carlos Cruzado Navarro, informó que la municipalidad entregó alimentos, carpas e insumos básicos a los damnificados dentro de sus posibilidades presupuestales, aunque reconoció que los recursos no permiten cubrir todas las necesidades.

Cruzado destacó las inversiones ejecutadas por el Gobierno Regional de Huánuco en la provincia, como el nuevo Instituto de Educación Superior Tecnológico y el próximo inicio de un parque en Bellavista valorizado en más de S/3 millones. Sin embargo, la autoridad también informó que el proyecto de agua potable de la provincia continúa bajo evaluación del Ministerio de Vivienda, y que mientras no se defina el futuro del sistema de saneamiento, tampoco podrán ejecutarse obras de pistas y veredas.

En Paujil, la atención permanece concentrada en la seguridad de las familias y en las investigaciones que deberán esclarecer quiénes participaron en el ataque, qué originó la incursión y qué medidas se adoptarán para impedir nuevos hechos de violencia. Las autoridades competentes continúan investigando las circunstancias y posibles responsabilidades.