El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso Cócteles, la investigación que por más de una década siguió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto lavado de activos en el financiamiento de sus campañas presidenciales. La decisión, emitida por un juzgado de investigación preparatoria, desestimó los cargos que pesaban sobre la virtual presidenta electa.
La resolución judicial, que declara fundada la excepción de cosa juzgada presentada por la defensa de Fujimori, se basa en que la Sala Penal de Apelaciones ya había archivado previamente el caso en dos oportunidades, y que la Fiscalía no presentó nuevos elementos de convicción que justificaran reabrir la investigación. El juez consideró que someter a Fujimori a un nuevo proceso vulneraría el principio de seguridad jurídica.
El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez —quien paradójicamente hoy es aliado político de Roberto Sánchez—, anunció que apelará la decisión del juzgado. Pérez, quien ha sido el principal impulsor de la investigación contra Fujimori, sostiene que existen pruebas suficientes para acreditar que la lideresa de Fuerza Popular lideró una organización criminal dentro de su partido para lavar dinero ilícito.
La defensa de Fujimori celebró la decisión judicial y afirmó que se ha hecho justicia, pues su patrocinada fue sometida a una «persecución política» que duró más de diez años. «Keiko Fujimori siempre confió en la justicia. Hoy se demuestra que las acusaciones en su contra no tenían sustento y que fueron parte de una campaña de demolición orquestada por sus adversarios políticos», señaló su abogada, Giulliana Loza.
El archivo definitivo del caso Cócteles representa un triunfo político y judicial para Fujimori, quien asumirá la presidencia del Perú en las próximas semanas con este lastre judicial resuelto. Sin embargo, sus críticos advierten que el archivamiento de la investigación no significa la inocencia de la lideresa naranja, sino la incapacidad del sistema de justicia para investigar de manera eficaz los casos de corrupción de alto perfil. La polémica está lejos de terminar.
