El Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, quien junto a otros 12 acusados afrontará un proceso penal por presuntos actos de corrupción en una obra de irrigación valorizada en más de S/ 23 millones, ejecutada entre los años 2014 y 2016 en el distrito de Tomay Kichwa, provincia de Ambo, región Huánuco. La resolución fue emitida por el juez Manuel Chuyo, del Juzgado de Investigación Preparatoria, tras validar el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Paico Guevara, y rechazó los 16 pedidos de archivo formulados por la defensa de los procesados.
El Ministerio Público atribuye a Vinelli la presunta comisión del delito de negociación incompatible —por el cual solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión— al haber otorgado ampliaciones de plazo e intervenciones económicas injustificadas en favor del ejecutante Consorcio Presas y Canales, a pesar de que la obra se encontraba paralizada y abandonada y con recomendación previa del supervisor para resolver el contrato. Asimismo, se le imputa el delito de colusión simple, por el que se exigen 4 años de cárcel por supuestos pactos ilícitos, además de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Las presuntas irregularidades se habrían cometido entre junio de 2015 y febrero de 2016, etapa en la que Vinelli ejerció como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).
La acusación sostiene que también se retardó la ejecución de la resolución contractual y se aprobaron extensiones de contrato y presupuestos adicionales por S/ 323.051,94 a favor del Consorcio Ambo, encargado de la supervisión, y según la Fiscalía las anomalías habrían provocado pagos indebidos superiores a los S/ 18,7 millones, incluyendo la aceptación de cartas fianza en copia simple y presupuestos adicionales tras la paralización de los trabajos. El caso alcanza como coautores a otros 11 exfuncionarios de Agro Rural —entre ellos los exdirectores ejecutivos Álvaro Quiñe Napurí y César Poggi Ponce, así como exjefes de diversas áreas— y coloca como presuntos cómplices a Daniel Obregón Flores y Óscar Pérez Arroyo, representantes de los consorcios involucrados. Para sostener los cargos, la Fiscalía presentará tres peritajes de la Contraloría General de la República, 10 declaraciones testimoniales y 32 pruebas documentales sustentadas en un expediente técnico de más de 4.500 páginas.
Por su parte, el ministro Marco Vinelli ha rechazado enfáticamente las acusaciones fiscales. En declaraciones periodísticas concedidas a Exitosa y Cuarto Poder, aseguró no conocer ni haberse reunido con los representantes de las empresas contratistas involucradas, afirmando que no existen reuniones, llamadas, mensajes de texto ni fotografías que lo vinculen con ellos. El titular del Midagri sostuvo que su defensa legal atiende el caso judicial mientras él permanece enfocado en sus funciones al frente de la cartera agraria, reiterando su disposición a concurrir a las citaciones judiciales cada vez que sea requerido.
