El Poder Judicial revisará el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto, extitular de la ONPE, tras la apelación presentada por la Fiscalía al no conseguir la medida en primera instancia. El juez Manuel Chuyo Zavaleta admitió el recurso, que también incluye a José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Juan Phang Sánchez (subgerente de Producción Electoral) y Juan Charles Alvarado Pfuyo (gerente general de Gálaga SAC). Todos están investigados por las irregularidades que impidieron la instalación de mesas de votación en Lima Sur y Este el día de las elecciones.
La Fiscalía sostiene que existen «fundamentos de derecho suficientes» para revertir la decisión inicial y busca lograr la revocatoria de la denegatoria, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el rastreo de los movimientos de los implicados para asegurar el avance de las investigaciones. La falta de material electoral afectó a miles de ciudadanos que no pudieron sufragar el 12 de abril.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, aclaró que Corvetto sí entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía, desmintiendo versiones que señalaban lo contrario. Ambos pasaportes (peruano e italiano) fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y Migraciones tiene conocimiento de ello. El 19 de abril, dos días antes de su renuncia, Corvetto manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y a levantar el secreto de sus comunicaciones.
El requerimiento de detención preliminar fue presentado por el Ministerio Público la noche del 21 de abril. Gálvez señaló que la decisión está en manos del juez, quien debe resolver «a la brevedad posible». La investigación busca determinar responsabilidades por las deficiencias logísticas que marcaron la jornada electoral y derivaron en la renuncia de Corvetto. El Poder Judicial deberá decidir si existen méritos para dictar la detención de los involucrados.
