El Poder Judicial renovó la orden de ubicación y captura contra el prófugo candidato presidencial Vladimir Cerrón Rojas (Perú Libre) en el marco del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Aportes ilícitos a Perú Libre’. La resolución, emitida el 27 de marzo por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, precisa que las anteriores órdenes vencían el 29 de marzo, por lo que resultaba necesario dictar nuevas. Se dispuso la inscripción de las órdenes de ubicación, captura y conducción a nivel nacional en el módulo del Remate Electrónico Judicial (Remaju) y se ordenó comunicar la decisión a las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Interpol para su registro internacional.
Sobre Cerrón Rojas pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses en este caso, vigente desde diciembre de 2023. La defensa legal presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular la medida, pero el trámite generó polémica por la celeridad con la que se habría emitido una supuesta sentencia favorable. La presidenta del TC, Luz Pacheco, informó que este martes 31 de marzo se evaluarían las presuntas irregularidades cometidas en el proceso. En entrevista con el dominical Punto Final, Pacheco señaló que el proyecto de sentencia que se difundió antes de la audiencia «no tenía el aval de la coordinadora de hábeas corpus» y que el documento no había sido autorizado. «Era absolutamente falso que nosotros pensáramos soltar al señor», afirmó.
La investigación del Ministerio Público contra Cerrón no se limita a posibles ingresos irregulares al partido, sino que apunta al manejo de recursos de presunto origen ilícito. Según la tesis fiscal, Cerrón habría utilizado recursos vinculados a actividades ilícitas para financiar el partido Perú Libre, así como para cubrir sus gastos y sostener campañas políticas. Parte de este dinero habría tenido como origen las redes como ‘Los Dinámicos del Centro’. Un peritaje detectó un aumento patrimonial que no se condice con los ingresos declarados por Cerrón, incluyendo depósitos bancarios por más de S/ 879 mil, la adquisición de un cheque de gerencia por S/ 900 mil y la compra de un local partidario valorizado en 200 mil dólares.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo presentó un amicus curiae (información adicional para tomar una decisión) a favor del prófugo, documento elaborado por el área de Derechos Humanos y Población Indígena y Afroperuana de la institución. La sesión del TC que analizará el caso contará con la presencia de todos los magistrados, y los resultados de la investigación sobre las irregularidades serán comunicados la próxima semana. Con la renovación de las órdenes de captura, la Policía Nacional mantiene vigente la recompensa de S/ 500 mil por información que permita dar con el paradero del líder de Perú Libre, quien continúa en la clandestinidad desde octubre de 2023.
