La población organizada de los centros poblados, comunidades y autoridades de los distintos distritos de la provincia de Marañón han decidido tomarse un tiempo para realizar un análisis y evaluación respecto al funcionamiento de las instituciones del sistema judicial, informó el alcalde provincial, Aliardo Aguirre Limas. Luego de una primera reunión hace tres semanas, se acordó invitar a las fuerzas vivas para analizar el funcionamiento del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.
El alcalde señaló que se evaluarán las implicancias de continuar en la jurisdicción de Huánuco o solicitar la anexión al sistema judicial de Áncash. Aguirre fue cauto y afirmó que las decisiones deben obedecer a un análisis exhaustivo, pues el sistema judicial actual evidencia serios problemas que afectan a los usuarios. Puso como ejemplo el malestar generalizado por la atención en los órganos jurisdiccionales de Marañón.
Actualmente, las víctimas de abuso sexual o personas que requieren pruebas con médico legista son derivadas desde distritos como Huacrachuco o Cholón hasta la Fiscalía de Aucayacu, en Leoncio Prado. El viaje supera los 250 kilómetros, aproximadamente 10 horas, con pasajes que pueden llegar a 300 soles por persona, más gastos de alojamiento y alimentación. En casos de fallecidos por accidentes, las familias pobres deben contratar vehículos exclusivos con costos muy onerosos.
El alcalde hizo un llamado a los representantes de la Junta de Fiscales Superiores, la Corte Superior de Justicia y la Región Policial de Huánuco para que adopten acciones ante el malestar ciudadano y eviten que la población tome acuerdos para cambiar de jurisdicción. Hasta el momento, pese a las quejas, los máximos representantes de dichas instituciones no se han comunicado con las autoridades provinciales para ofrecer mejoras.
