Puerto Inca recibió 2.76 millones de soles por canon de hidrocarburos entre enero y julio

La provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, percibió un total acumulado de S/ 2.76 millones por concepto de transferencias del canon y sobrecanon de hidrocarburos durante el periodo comprendido entre enero y julio. Los recursos financieros, derivados de las actividades de extracción de petróleo y gas natural que se desarrollan en la selva huanuqueña, fueron transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las cuentas de los gobiernos locales correspondientes para su ejecución en inversiones públicas de impacto social.

De acuerdo con el desagregado de las asignaciones presupuestales, los fondos transferidos se distribuyeron entre la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y sus comunas distritales, entre las que figuran Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista y Yuyapichis. La distribución de estas partidas se efectúa en estricto cumplimiento de los criterios demográficos, índices de necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza estipulados en el marco legal vigente de la Ley de Canon.

Los reportes económicos señalan que estos recursos provenientes de las regalías petroleras están destinados exclusivamente al financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, tales como obras de saneamiento rural, transitabilidad de caminos vecinales, mejoramiento de locales educativos y fortalecimiento de centros de atención de salud en comunidades nativas y centros poblados. La normativa prohíbe de manera expresa el uso de estos fondos para el pago de gasto corriente o remuneraciones de personal administrativo.

Frente a la acreditación de estas transferencias presupuestales, las organizaciones comunales y los comités de vigilancia ciudadana de Puerto Inca demandaron a los alcaldes y equipos técnicos ediles una gestión eficiente y oportuna en la formulación de expedientes técnicos. Asimismo, se instó a los órganos de control institucional y a la Contraloría General de la República a mantener la fiscalización permanente sobre la ejecución del gasto a fin de garantizar la transparencia y la culminación adecuada de las obras públicas en la provincia.