Ayer, por varias horas, policías de Anticorrupción, la procuradora pública Anticorrupción Krupskaia Beraún Aguirre, un representante del Ministerio Público, la defensa técnica de la empresa Tahuantinsuyo y el perito del Colegio de Ingenieros del Perú – sede Huánuco realizaron una diligencia de inspección pericial en la Institución Educativa Inicial N.° 223 de Colpa Baja. Durante el recorrido, el especialista recolectó las deficiencias existentes en la infraestructura, que serán plasmadas en un informe técnico que debe emitirse en un plazo máximo de 30 días.
«Lo que hizo hoy fue recolectar información, luego va revisar la documentación, el expediente para emitir su informe técnico sobre la obra en cuestión», dijo una fuente que participó en la diligencia, programada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a pedido de la procuradora pública. Las deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República incluyen grietas y rajaduras en muros de concreto, columnas de soporte y paredes, hundimientos y desniveles en el patio, pisos colapsados en las aulas principales y desniveles en las gradas de ingreso.
La obra fue ejecutada mediante un convenio entre el Gobierno Regional de Huánuco y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) . En 2018 fue liquidada en su primera parte por S/919,720, y el proyecto fue culminado por administración directa en 2021, iniciando su funcionamiento ese mismo año. El costo actualizado del proyecto ejecutado por el Consorcio Tahuantinsuyo, cuyo representante legal era Antonio Pulgar Lucas, es de S/1,664,984.
En el proceso de transferencia, Pronied comunicó en 2025 la existencia de un informe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huánuco que declaraba la infraestructura en peligro de colapso. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno Regional no ha ejecutado las acciones necesarias para solucionar las deficiencias, que también incluyen daños en el cerco perimétrico, filtraciones y humedad en el techo y acumulación de humedad en distintos ambientes del plantel. Las diligencias para determinar responsabilidades están en curso a cargo de la policía y la fiscalía Anticorrupción.
