El exdecano del Colegio de Abogados de Huánuco, Rodolfo Espinoza, lanzó duras críticas contra el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en la región, calificando el proceso de haber presentado hechos «nunca antes vistos» y dejando abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios si se comprueban irregularidades determinantes. Espinoza señaló que las demoras de hasta 48 horas en el procesamiento de actas y la falta de instalación de mesas en zonas donde su agrupación tenía mayor respaldo alimentaron sus cuestionamientos. Uno de los puntos más sensibles, según precisó, fue la imposibilidad de fotografiar actas en Huánuco, documentos que, a su juicio, son de dominio público una vez emitidos y no deberían tener restricción para ser registrados, salvo en el momento estrictamente reservado del voto. Esta restricción generó sospechas adicionales en un contexto ya marcado por retrasos y denuncias previas sobre la conducción del proceso.
El exdecano también observó la lentitud del conteo manual en la elección de senadores. Según su versión, desde el día 12 de abril el procesamiento se mantuvo por debajo del 10% y apenas alcanzaba 191 actas, pese a que en la región había más de 2,200 por revisar. Añadió que el avance se concentraba en actas del ámbito rural, mientras las correspondientes a la ciudad de Huánuco seguían sin procesarse, una diferencia que, según dijo, debía ser aclarada. Espinoza también cuestionó que el traslado del material electoral no haya estado a cargo de las Fuerzas Armadas, como ocurría en procesos anteriores, sino de una empresa tercerizada que, a su juicio, «falló al electorado peruano». Para el exdecano, esa decisión operativa debe ser revisada por las autoridades competentes, sobre todo porque el proceso ha generado dudas en distintos tramos de la jornada y del conteo posterior.
Consultado sobre una eventual nulidad, Espinoza indicó que una causal podría sustentarse si se demuestra un trato desigual entre zonas rurales y urbanas durante la atención logística y el traslado del material electoral. Según afirmó, en sectores urbanos donde se concentraría una parte importante de la votación hubo vehículos estacionados desde temprano, pero sin personal encargado de distribuir cédulas y actas a los centros de sufragio. El exdecano también vinculó estas observaciones con un escenario político más amplio, sugiriendo que existiría un interés por impedir el avance de determinados candidatos hacia una eventual segunda vuelta. Sus declaraciones configuran una posición política y jurídica que exige contraste con la versión de las autoridades electorales y con la documentación oficial del proceso. Lo que queda en el centro del debate, según remarcó, es una demanda básica: que el resultado final sea «el fiel reflejo» de lo expresado por el elector, una discusión que podría trasladarse ahora al terreno de las impugnaciones y la revisión formal de actas.
