El Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán exigió al Consejo Universitario una decisión definitiva sobre los ascensos y anunció que acudirá a acciones legales si el procedimiento sigue sin resolverse. Su secretario general, Sebastián Campos, sostuvo que la demora pone en riesgo la ejecución de las promociones en 2027, una preocupación presupuestaria que el gremio reclama atender con urgencia. El dirigente afirmó que remitieron una carta notarial al rector Ewer Portocarrero Merino y a los integrantes del Consejo Universitario para solicitar una sesión extraordinaria.
El pedido consiste en que ese órgano apruebe o rechace expresamente las propuestas de promoción presentadas por las facultades y culmine el procedimiento que, según el sindicato, la propia universidad puso en marcha. «Que el consejo se reúna y que nos diga procede o no procede», expresó Campos. El anuncio de acciones legales quedó condicionado al agotamiento de la vía administrativa. El punto de desacuerdo es el alcance del último pronunciamiento universitario: según Campos, en la sesión del 30 de setiembre el consejo aprobó una relación de profesores aptos, pero no la promoción automática que reclama el gremio.
El dirigente sostuvo que los consejos de facultad ya realizaron la evaluación y aprobaron los expedientes que fueron elevados para la decisión universitaria, y considera que esas propuestas deben recibir un pronunciamiento expreso que concluya el trámite. La Ley 32680, publicada el 2 de julio de 2026, modificó el artículo 84 de la Ley Universitaria y establece el ascenso automático después de la ratificación, con ejecución en el ejercicio presupuestal siguiente. Ese calendario es el centro del argumento sindical.
Campos afirmó que la falta de una resolución expresa dificulta sustentar el requerimiento de recursos para el siguiente año, y el sindicato teme que la prolongación del trámite termine desplazando la ejecución de los ascensos hasta 2028. El dirigente sostuvo que hay profesores que permanecen en las categorías de auxiliar y asociado durante veinticinco o treinta años, y presentó la nueva ley como una oportunidad para que los docentes accedan a la categoría que consideran correspondiente a su trayectoria. «No estamos suplicando que se pronuncien a nuestro favor», manifestó, dejando planteado que el pedido es una resolución que defina si las promociones proceden y explique sus fundamentos.
