El gobierno de José María Balcázar confirmó que mantendrá vigente el Decreto de Urgencia 010-2025, que abre la puerta a la privatización de Petroperú, pese a que el propio mandatario firmó meses atrás un proyecto de ley para derogarlo cuando era congresista. La decisión fue ratificada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien descartó la eliminación del decreto y adelantó que en los próximos días se anunciará un esquema de aval estatal por hasta US$2,500 millones para que la petrolera acceda a financiamiento en la banca privada, sin inyección directa de recursos del Ministerio de Economía. «Petroperú es una institución desgastada, ya sabemos la realidad que está pasando ahí. Se hablaba mucho que se iba a suspender el decreto de urgencia, pero no», señaló Arroyo en Exitosa, aunque advirtió que su desaparición afectaría a las zonas más alejadas del país donde la empresa privada difícilmente llega.
La decisión marca un viraje respecto a la posición previa de Balcázar. El proyecto de ley n° 13695, que firmó como coautor siendo congresista, proponía derogar la medida al considerar que abría la puerta a un eventual debilitamiento o desmantelamiento de Petroperú, y criticaba su constitucionalidad al no cumplir con el estándar de urgencia exigido por el Tribunal Constitucional. El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, advirtió que Petroperú enfrenta serios problemas de liquidez que comprometen su operación diaria. «Sin financiamiento, evalúa paradas parciales y hasta el cierre temporal de operaciones. A lo mucho le alcanzaría una semana más», señaló, detallando que la Refinería de Talara opera por debajo de su capacidad (60,000 barriles diarios frente a 95,000 posibles) y que la participación de mercado de la empresa cayó de 36% en 2021 a 25% al cierre de 2025.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) cuestionó la decisión del gobierno y advirtió que el esquema de garantías podría agravar la crisis de la empresa en lugar de resolver sus problemas. El gremio alertó sobre una «preocupante ausencia de sentido de urgencia» y señaló que mantener el decreto implica avanzar hacia una privatización progresiva de sus activos. Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el aval estatal podría ascender hasta US$2,500 millones para reencauzar la producción y aliviar las deudas. El recién designado presidente de Petroperú, Roger Arévalo, sostuvo una reunión con sindicatos y les aseguró que cuenta con el respaldo del gobierno, aunque los trabajadores insisten en que el problema de fondo es la ausencia de una estrategia integral que contemple reordenamiento financiero sostenible, mejora de la gobernanza institucional y blindaje frente a la injerencia política.
