El Tribunal Constitucional (TC) emitió un controvertido fallo a favor del prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, al declarar fundado un habeas corpus que anula la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra. La decisión fue adoptada en una votación dividida, con cuatro magistrados a favor y tres en contra, lo que ha desatado una tormenta política en el país.
Los magistrados que votaron a favor del habeas corpus argumentaron que la prisión preventiva dictada contra Cerrón era «arbitraria y desproporcionada», ya que no se habían evaluado adecuadamente los presupuestos procesales para imponer una medida tan grave. Para el voto mayoritario, el Poder Judicial no fundamentó correctamente el peligro de fuga, a pesar de que Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde hace más de dos años.
Los tres magistrados que votaron en contra del fallo emitieron un voto singular en el que calificaron la decisión de «inconstitucional» y «contraria a la lucha contra la corrupción». Para estos magistrados, conceder un habeas corpus a un prófugo de la justicia constituye un «precedente nefasto» que alienta la impunidad y deslegitima al sistema de justicia peruano.
El fallo del TC generó una ola de críticas de parte de la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría Anticorrupción y diversas organizaciones de la sociedad civil. La presidenta electa Keiko Fujimori, a través de un mensaje en sus redes sociales, calificó la decisión del TC como «un retroceso en la lucha contra la corrupción» y anunció que su gobierno impulsará una reforma constitucional para limitar las competencias del Tribunal Constitucional.
Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, celebró el fallo del TC y lo calificó como «un triunfo de la justicia constitucional sobre la persecución política». El líder de Perú Libre, sin embargo, no ha anunciado si se entregará a las autoridades ahora que la orden de prisión preventiva ha sido anulada. La Policía Nacional, por su parte, informó que la búsqueda del prófugo exgobernador continúa, y que existen otras órdenes de captura vigentes en su contra. La polémica sigue abierta.
