El Castur, comité de pobladores que administra el balneario Las Pavas, denunciará ante la Fiscalía Penal a la familia López Pérez, según anunció su abogado, Peter Dueñas Santillán, en una reunión con el alcalde y la Policía Nacional del Perú. El letrado acusó a la familia de intimidación y acoso por oponerse a un proyecto en el balneario. «Estos actos de oposición que viene desarrollando la familia López Pérez constituyen ciertamente actos de intimidación y constituyen ciertamente actos de acoso», dijo Dueñas, quien no precisó qué delito denunciará y habló de «la denuncia correspondiente por el delito que se pueda encontrar».
El argumento central del abogado es la naturaleza del terreno. «El balneario es una faja marginal, es un bien público. De ninguna manera puede resultar siendo una propiedad privada», dijo. Según Dueñas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) delimitó esa faja con la resolución directoral 713-2018-ANA, que fija diez metros de ancho en ambas márgenes, con coordenadas UTM, y citó el artículo 74 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, para sostener que la faja es un bien inalienable e imprescriptible del que nadie puede apropiarse.
Dueñas afirmó que la familia presentó escritos de oposición al proyecto en los que, según él, reconoció que tiene inscrita una sociedad y ningún documento que la acredite como propietaria. También citó la ordenanza municipal 03-2023, que declaró el balneario de interés público y prioridad distrital, y la resolución 02-2025, que reconoce al Castur con vigencia hasta 2027. «La posición de la otra parte es débil», dijo, aunque no precisó cuándo presentará la denuncia ni los pedidos de medidas de protección.
En la reunión, el abogado pidió a la municipalidad que envíe cartas a la familia bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia a la autoridad, a la subprefectura que reciba pedidos de medidas de protección por lo que llamó «actos de hostigamiento constante», y a la Policía que, cuando se presente la denuncia, «no nos ponga peros» y que investigue. El caso evidencia la tensión entre el comité que administra el balneario y la familia que reclama la propiedad del terreno, mientras las autoridades evalúan los documentos presentados por ambas partes.
