Una grave denuncia pública ha sacudido a la ciudad de Huánuco, donde Carmen Marlene Fermín Ponce acusó al suboficial Lázaro Cruz de haberla agredido físicamente y despojado de S/ 2,500 dentro de su propia vivienda, mientras que responsabilizó al oficial James Valerio Daga de ejecutar una detención arbitraria sin garantías legales. Según su testimonio, los hechos ocurrieron el 3 de marzo, cuando un grupo de cinco personas (entre ellos el suboficial) ingresó a su domicilio en medio de un conflicto con inquilinos que se negaban a asumir pagos por servicios básicos. La denunciante asegura contar con pruebas del hecho, incluyendo fotografías y registros de cámaras de seguridad, y presentó la denuncia ante la Inspectoría de la Policía el 4 de marzo.
La situación se agravó cuando, al acudir a la comisaría de Amarilis en busca de apoyo, Fermín Ponce fue detenida por el oficial James Valerio Daga. Según su versión, permaneció retenida durante una noche sin que se notificara al Ministerio Público ni se le permitiera acceder a defensa legal. Además, denuncia que se le imputó el delito de usurpación en su propia vivienda, situación que rechaza categóricamente. Asegura contar con pruebas que demostrarían que los ocupantes retiraron sus pertenencias voluntariamente y que no existió ninguna toma ilegal del inmueble, lo que configuraría un abuso de autoridad y un uso indebido del sistema legal.
La denunciante también ha cuestionado la falta de celeridad en la investigación, señalando que su denuncia continúa “en evaluación” y fue derivada a un agente que actualmente se encuentra de vacaciones, retrasando el proceso hasta fines de marzo. Además, expresó su preocupación por una posible parcialización dentro de la institución, ya que el suboficial denunciado trabaja en el área de asesoría jurídica de la región policial. Fermín Ponce ha solicitado la intervención del Ministerio Público y la separación preventiva de los efectivos involucrados mientras se desarrollan las investigaciones, en un caso que ha generado un profundo cuestionamiento sobre la transparencia y la imparcialidad de los procedimientos policiales en la región.
