La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal. La iniciativa, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, es cuestionada por expertos y organismos de derechos humanos al considerar que busca blindar a militares y policías procesados por estos crímenes.
La propuesta reforma el artículo 324-A del Código Penal y establece que el delito de lesa humanidad recaerá en quienes realicen un ataque generalizado contra una población civil «que no es parte de un combate interno o externo». Julissa Mantilla, excomisionada Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que esta definición contradice el Estatuto de Roma y deja la puerta abierta para que miembros de las fuerzas armadas y del MRTA no puedan ser condenados.
Mantilla precisó que el Estatuto de Roma no habla de una determinada población civil porque eso podría ser excluyente y beneficioso para los investigados. «Este proyecto de ley tiene una serie de requisitos que no están contemplados en el Estatuto de Roma. En las discusiones previas se quitó ese elemento porque implicaba establecer diferenciaciones que podían llevar a confusión y ser muy ambiguo», explicó la jurista.
Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, denunció que el fujimorismo impulsa esta nueva ley porque las anteriores (la de prescripción y la de amnistía) no se han aplicado debido a que los jueces optaron por el control de convencionalidad. «El fujimorismo hizo una oferta a sus aliados, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, prometiéndoles que los iba a liberar», afirmó.
Rivera también criticó que la nueva ley incorpora reglas probatorias que vulneran el Código Penal, al señalar que los delitos serán cometidos a través de directivas y planes de operaciones. «Eso es violación de la autonomía jurisdiccional de los magistrados», sentenció. Durante el debate, solo la congresista Ruth Luque se opuso firmemente, argumentando que la propuesta busca evitar que los jueces apliquen el control de convencionalidad. El Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General coincidieron en que la norma incluye requisitos adicionales no contemplados en el Estatuto de Roma.
