El Ministerio Público solicitó una condena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE. La acusación fiscal señala que el líder de Juntos por el Perú habría presentado información inexacta sobre el financiamiento de su partido durante las campañas electorales de 2018 y 2020.
De acuerdo con la tesis fiscal, Sánchez habría ocultado aportes económicos que no ingresaron a las cuentas oficiales del partido político, desviando más de 204 mil soles a la cuenta bancaria de su hermano William Sánchez Palomino. Las pesquisas revelaron que una parte de esos fondos terminó posteriormente en cuentas personales del propio legislador y candidato presidencial.
La investigación fiscal también detectó graves inconsistencias en la declaración de aportes no monetarios, específicamente un monto de 27 mil 400 soles correspondiente al supuesto préstamo de un local para actividades partidarias. La persona consignada como aportante negó ante las autoridades haber cedido el inmueble, lo que configura una falsedad documental que sustenta el requerimiento de prisión.
Adicionalmente, la ONPE ratificó una multa de 88 mil soles contra Juntos por el Perú por presentar recibos sin las firmas de los presuntos donantes. A esto se suma el notorio incremento patrimonial de Sánchez, quien pasó de declarar 14 mil soles en 2021 a más de 500 mil soles en 2025, según sus propias declaraciones juradas ante la entidad electoral.
El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia virtual clave en la que se evaluará el auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial. En esa sesión se determinará si el caso avanza oficialmente a juicio oral, donde se debatirán las pruebas recopiladas durante seis años de investigación. Un exdirigente de la agrupación, Leandro Cerna, afirmó que nunca existió transparencia sobre los recursos obtenidos a nivel nacional por el partido.
